La Argentina será carbono neutral en 2050. En menos de 30 años, su aporte al cambio climático será nulo, ya sea porque no emite más gases de efecto invernadero (GEI, causantes del cambio climático) o porque compensa todo lo que produce.
La meta es que la Argentina sea carbono neutral en 2050. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández en la Cumbre de Acción Climática global, en diciembre de 2020, y cristalizada en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que su gobierno entregó a Naciones Unidas, donde se detallan los objetivos de lucha contra el cambio climático. Es también el compromiso que el país asumió al adoptar el Acuerdo de París, en 2015.
La pregunta es cómo se llegará hasta la descarbonización. Y si las prioridades del Ejecutivo están en línea con conseguirlo.
El por qué de la carbono neutralidad
Lejos de ser una proyección futura, el cambio climático es desde hace tiempo una realidad muy presente que golpea con fuerza a la economía argentina.
Desde 1980, sólo por inundaciones, se sufrieron pérdidas por unos u$s 22.500 millones, señala el Banco Mundial en «Impactos de la crisis climática en la pobreza y la macroeconomía en la Argentina».
Y las sequías tuvieron efectos aún peores. Por caso, la que el país sufrió a principios de 2018 generó una caída del 2,5% del PBI, junto con la conmoción financiera y la depreciación del peso que se produjo a partir de entonces.
Este podría ser sólo el inicio: si se continúa en la senda actual y la temperatura media planetaria aumenta 3°C respecto de los niveles preindustriales para fin de siglo (muy lejos de las metas de 1,5°C o, como máximo, 2°C del Acuerdo de París), la Argentina perdería entre 3,1% y 11,3% de su PBI, advierte el Banco Mundial.
Y este es un escenario que está más cerca de lo que parece. Entre 1850-1900 y 2010-2019, la temperatura mundial trepó en promedio 1,1°C como consecuencia de la acción humana, alerta el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), publicado el 9 de agosto.
La marca de 1,5°C podría superarse en el futuro próximo (entre 2021 y 2040) y el siglo podría cerrar con un planeta 3°C o 4°C más caliente, una temperatura que la superficie de la Tierra no experimenta desde hace más de 3 millones de años.
La única forma de evitarlo, dice el IPCC, es que se hagan profundas reducciones en las emisiones de GEI hasta llegar a un nivel de cero neto (o carbono neutralidad) en torno a 2050.
No sólo voces
Pero no es sólo la comunidad científica la que advierte que es necesario transicionar hacia una economía baja en emisiones, prominentes voces del sector energético también lo están haciendo. Entre ellas, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).
En «Neto Cero para 2050: una hoja de ruta para el sector energético mundial», que publicó en mayo, la IEA es contundente: incluso si se cumplen en su totalidad, los compromisos climáticos asumidos hasta la fecha por los gobiernos son insuficientes para que las emisiones globales vinculadas a la energía sean nulas para 2050 y evitar, así, lo peor del cambio climático.
¿La conclusión a la que llegó? De aquí en más, no puede haber nuevos desarrollos de gas, petróleo y carbón. En cambio, es necesario un despliegue inmediato y masivo de todas las tecnologías limpias y eficientes, combinado con un gran impulso para acelerar la innovación.
«La transición a la energía limpia es por y para las personas», dijo en su momento Fatih Boril, director Ejecutivo de la IEA. «El enorme reto que supone la rápida transición a un sistema de energía neta cero es también una enorme oportunidad para nuestras economías. La transición debe ser justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás.»
Negocios en la encrucijada
El informe de la IEA, el primero en establecer una hoja de ruta temporal con hitos de cómo deben desarrollarse las políticas de transición, fue una señal para los mercados: los vientos están cambiando para el sector energético. No fue la única.
Otra la dio una corte de La Haya en mayo, cuando ordenó a Shell reducir el 45% de sus emisiones (equivalentes a todas las de Rusia) para 2030 versus sus niveles de 2019, aplicable a los 80 países en los que opera, incluyendo cadena de proveedores y consumidores finales. El compromiso de la firma era disminuirlas en 20% durante esta década y neutralizarlas para 2050.
Con este fallo, por primera vez se responsabiliza a una empresa por su contribución al calentamiento global, utilizando al Acuerdo de París como respaldo. No es una demanda de resarcimiento económico, sino de acción climática. Y sirve de precedente para unos otros 1800 casos en todo el mundo contra la industria hidrocarburífera.
Otra señal, esta desde el seno del negocio: las «rebeliones» que tuvieron sede, pocos meses atrás, en las asambleas de accionistas de ExxonMobil y Chevron. En el primer caso, el grupo de inversores Engine No.1 logró imponer dos nuevos directores en el Board que tienen como mandato adoptar medidas para combatir el cambio climático. En el segundo, el grupo de activistas institucionales Follow This consiguió que la petrolera acepte como propia la huella en la atmósfera que produce el uso de sus productos por parte de los consumidores y que se comprometa a reducirla.
En casa también
Un gesto en la misma dirección se evidenció en la Argentina a principios de julio con un proyecto liderado por Equinor para hacer exploración sísmica frente a la Costa Atlántica. En respuesta al fuerte rechazo social durante la audiencia pública que se realizó en el marco de la evaluación de impacto ambiental del proyecto, el Ministerio de Ambiente nacional informó que no se aprobarán nuevos permisos para buscar petróleo hasta que haya un plan oficial que explique cuáles son los objetivos de descarbonización de la Argentina. Es una acción que no tiene precedentes en la política del país.
«Incluso en cumplimiento de los planes más ambiciosos de transición energética, será necesario contar con aprovisionamiento hidrocarburífero por varios años. De modo que resulta necesario y urgente establecer los lineamientos para el sector conforme a la nueva realidad ambiental», sentenció Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático, al cerrar la tercera jornada de la audiencia pública, en la que expusieron 333 personas, de las cuales sólo 12 se manifestaron a favor del proyecto offshore.
«Necesitamos definir claramente de dónde extraeremos los recursos energéticos, cómo lo haremos, con qué estándares y por cuánto tiempo. Es necesario y urgente darnos un diálogo honesto y realista de cómo llevaremos adelante esa transición energética comprometida», completó.
El plan al que se remite es la Estrategia a Largo Plazo (LTS, por sus siglas en inglés), una hoja de ruta de cómo la Argentina se plantea llegar a la carbono neutralidad para 2050. Debería estar lista para la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP26) que se celebrará en Glasgow, Escocia, en noviembre.
Potencial renovable
¿Es la carbono neutralidad un desafío mayúsculo para la Argentina? A priori, parecería que sí: la matriz energética nacional es alimentada en más de un 80% por generación de origen fósil, principalmente gas y petróleo, lo que da cuenta del 53% de las emisiones.
Ahora bien, el país cuenta con recursos renovables suficientes para asegurar su autoabastecimiento e incluso exportar energía. Es una transición que requiere de tiempo, inversiones y apoyo del Estado, pero es posible. Una de las principales barreras es el financiamiento.
«La pandemia ha incrementado aún más este problema que no es sólo una condición de la Argentina, ya que, en realidad, el mundo está retraído en este tipo de inversión y se destinan los capitales a otras acciones que tienen que ver más con lo bursátil«, explica Catalina Rocchia Ferro, administradora del Grupo Los Balcanes y presidenta de la Bioenergética Florida.
«Es por esta razón que sería muy importante que la Argentina se desarrolle dentro de su producción nacional con inversores instalados en el país y evitar pensar sólo en atraer inversiones extranjeras. Lo que falta en la Argentina son fuentes de financiamiento.»
En abril, durante la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático que organizó el presidente estadounidense Joe Biden, Alberto Fernández anunció que se ampliará la participación renovable en la matriz eléctrica a 30% para 2030. Es una de las únicas ocasiones en que se lo escuchó hablar del tema. Nada dijo sobre cómo se lo logrará, considerando que el cumplimiento de los objetivos vigentes en la materia viene retrasado.
Según la Ley de Renovables de 2015, el 8% de la generación eléctrica nacional debería haber sido limpia en 2018, con miras de ampliarse a 20% para 2025. A la primera meta se llegó recién en 2020, con un promedio anual de 10% (en un 74% alimentado por energía eólica), según datos de Cammesa. Para la segunda, no están claros los tiempos.
Seguir el dinero
Ahora bien, ¿es la transición una prioridad en la agenda del Gobierno? ¿O son los combustibles fósiles su apuesta para el futuro energético del país? Si la distribución del dinero público es un indicador, la balanza parece inclinarse con fuerza hacia lo segundo.
El Presupuesto Nacional da cuenta de ello. «Durante 2020, las partidas presupuestarias a los combustibles fósiles representaron el 7% de los gastos totales del Estado, mientras que, durante 2021, estos representarían el 9%», afirma María Marta Di Paola, directora de Investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En tanto, este año, el fondo para las energías renovables no tendría transferencias por parte del Tesoro Nacional, sino que se sustentaría por su propia lógica financiera.
A los subsidios a la oferta de combustibles fósiles, en particular, se destinan importantes sumas de dinero público. Sólo para las operadoras de Vaca Muerta, se han otorgado más de u$s 10.000 millones desde el inicio de la explotación, en 2013. Entre las que más apoyo recibieron durante 2019 se incluyen Tecpetrol (con el 47% del total, sumando $13.450 millones), Compañía General de Combustibles (16%, $4526 millones) e YPF (12%, $2822 millones), detalla un informe de FARN.
Esta es una tendencia que Fernández continuó y reforzó desde el inicio de su gestión. En 2020, apuntan desde FARN, los subsidios a la oferta totalizaron u$s 645 millones y su proyección 2021 los ubica en u$s 1041 millones.
Y los beneficios continuarán, por lo menos, algunos años más. En noviembre pasado, el Presidente lanzó el Plan Gas IV, que garantiza a las empresas un precio de hasta u$s 3,70 por millón de BTU hasta 2024. A ello se suma el 25% del Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas que recibirá IEASA para reinvertirlos en nuevos proyectos de gas natural en un plazo no menor a 10 años, todos a cargo de YPF.
Con estos proyectos y otros en carpeta, la transición energética, que tan cerca está en urgencia por los efectos acumulativos e irreversibles del cambio climático, parece muy lejana para la Argentina.
Fuente: www.cronista.com